La carta completa
1. Se me impidió controlar, como abogado defensor y como única
persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento que se llevó a cabo
en el inmueble de la calle Uruguay, violándose expresamente las disposiciones
constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la
Nación dispuso en particular para este allanamiento. Todas estas ilegalidades
ya fueron denunciadas ante la justicia penal competente, el Consejo de la
Magistratura, el Colegio de Abogados y será puntualizada a cada uno de los
jefes de bloque del Senado de la Nación.
2. El allanamiento en la propiedad de El Calafate fue extendido en
el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir
generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de
semana.
3. Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente
falsos: en ninguno d. los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos
que puedan tener una procedencia ilícita.
4. Las cosas que Bonadío ordenó secuestrar, no sólo no guardan
relación con el objeto de la causa, sino que, además, son efectos que integran
el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y
humillación. Pero además y como muestra de la persecución política de la que mi
defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación directa
con el cargo de Senadora de la Nación que le fuera conferido por el voto
popular de millones de argentinos en la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera
se salvó el único auto que mi representada tiene: una camioneta Honda del año
2009.
5. En el caso puntual de El Calafate, no se está preservando la
cadena de custodia de las cosas que están siendo requisadas durante el
allanamiento. El procedimiento comienza y termina cuando se le ocurre al juez.
En cada interrupción, el domicilio queda bajo la disposición discrecional de la
fuerza policial destacada por el magistrado, sin que se pueda tener supervisión
alguna sobre ellos. Concretamente: durante toda la noche no sabemos quien entra
o sale de la casa y, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba
falsa.
6. Además, un hecho de extraordinaria gravedad acaba de ocurrir en
el domicilio de la calle Uruguay. Quien se dedica habitualmente de las tareas
del hogar en ese domicilio, ingresó al mismo el día sábado 25 de agosto de 2018
por primera vez después que se practicara el allanamiento. Dado que el trabajo
de limpieza requería una mayor profundidad, le solicitó a dos miembros de su
familia que la ayudaran. Una vez en el interior del departamento, cuando
estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del
dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta
y los ojos y dificultades para respirar. Como tales síntomas persistieron
durante el resto del día, el domingo 26 de agosto próximo pasado concurrieron a
la guardia del Hospital de Clínicas. Luego de efectuarse los controles médicos
de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico
de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva re
exposición al mismo ambiente. Por esa razón mi representada decidió no regresar
a ese departamento hasta tanto no se tenga una certera evaluación sobre el
lugar y las cosas que fueron objeto de manipulación durante el allanamiento.
7. Finalmente, poniendo en evidencia la actuación coordinada de
distintas instancias judiciales, el día viernes a la noche el Centro de
Información Judicial (CIJ) que depende directamente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, publicó un insólito informe en el que Bonadío anticipa
la decisión que adoptará respecto de mi defendida, prejuzgando sobre su
supuesto carácter de jefa de una asociación ilícita. Es decir que sería la
cuarta asociación ilícita de la cual mi representada resultaría ser siempre la
jefa.
8. Este nuevo capítulo, que se suma a la saga de dos años y medio
de hostigamientos y persecuciones hacia la Dra. Fernández de Kirchner, en las
que ni siquiera se han privado de escuchar y difundir sus conversaciones
privadas, seguir sus movimientos utilizando personal de inteligencia del Estado
e involucrar a los miembros de su familia en las distintas asociaciones
ilícitas, constituye una etapa institucional que nos lleva a una sociedad pre
democrática, en la que los derechos y garantías ciudadanos, al menos de los
opositores al gobierno actual, son directamente eliminados.
Carlos Alberto Beraldi
FUENTE: Crónica